Cuando un deslizamiento sepulta una vereda andina o una inundación paraliza una ciudad costera, el consenso suele ser el mismo: nadie lo vio venir. Sin embargo, la gobernanza anticipatoria aplicada a la gestión del riesgo de desastres en Colombia revela algo incómodo — los territorios sí emiten señales, y en muchos casos las instituciones disponen de datos suficientes para actuar antes de que ocurra la tragedia, pero carecen de los marcos institucionales, las capacidades técnicas y la voluntad política para convertir esas señales en decisiones.
Un país estructuralmente expuesto
Colombia es uno de los países con mayor exposición multiamenaza del mundo, según el Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch y los reportes del Banco Mundial para América Latina.
El país concentra amenazas sísmicas, volcánicas, de inundación y de movimientos en masa en un territorio donde más del 70 % de la población habita en zonas de riesgo medio o alto, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La gobernanza anticipatoria plantea una ruptura con la lógica reactiva que históricamente ha dominado la gestión pública de estos eventos: en lugar de responder al desastre, propone institucionalizar la capacidad de anticiparlo, leerlo y reducirlo con antelación suficiente.
Gobernanza anticipatoria y los límites del sistema actual
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, creado por la Ley 1523 de 2012, representa un avance significativo en la arquitectura institucional del país, pero su aplicación efectiva en los municipios sigue siendo heterogénea.
Un estudio del Departamento Nacional de Planeación publicado en 2023 identificó que menos del 40 % de los municipios colombianos tenía planes de gestión del riesgo actualizados y con financiamiento asegurado, lo que evidencia una brecha crítica entre el diseño normativo y la capacidad operativa territorial.
La gobernanza anticipatoria exige algo más que planes: requiere sistemas de información interoperables, ciclos de aprendizaje institucional y mecanismos de retroalimentación que permitan que las lecciones de cada evento sean absorbidas por el sistema antes del siguiente.
Las metodologías que ya existen y aún no se usan a escala
Herramientas como el análisis de escenarios de riesgo, los modelos de exposición probabilística y los ejercicios tipo Delphi con comunidades y expertos locales existen en Colombia, pero su uso sigue concentrado en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Manizales, que tienen capacidades técnicas y presupuestos diferenciales.
En los departamentos del Chocó, La Guajira, el Putumayo y el sur del Cauca — precisamente los territorios con mayor exposición y menor capacidad institucional — la gobernanza anticipatoria es prácticamente inexistente como práctica sistemática.
La CEPAL ha señalado en múltiples informes que esta brecha de capacidades no es un problema técnico sino político: los sistemas de alerta temprana, la cartografía de amenazas y los modelos de vulnerabilidad social ya existen para muchos de estos territorios, pero no están integrados en los ciclos de decisión de los gobiernos locales.
Casos que muestran que sí es posible anticipar
Manizales es quizás el ejemplo más documentado de gobernanza anticipatoria aplicada a la gestión del riesgo en el país: su sistema de monitoreo geotécnico e hidrológico, que opera con sensores distribuidos en laderas de alta amenaza, ha permitido activar evacuaciones preventivas en varias ocasiones desde la década de 1990, evitando pérdidas humanas en eventos que de otro modo habrían resultado catastróficos.
El caso de Manizales ha sido estudiado por la Universidad Nacional de Colombia y referenciado por la UNDRR como un modelo replicable para ciudades de mediana capacidad institucional en contextos de alta montaña.
En la región Caribe, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de algunos municipios del Bajo Magdalena han comenzado a incorporar modelos de pronóstico hidrológico del IDEAM en sus protocolos de alerta, aunque la continuidad de estos esfuerzos sigue dependiendo de voluntades individuales antes que de sistemas institucionalizados.
La agenda pendiente para fortalecer la anticipación territorial
Tres líneas de acción emergen con fuerza desde la literatura especializada y las recomendaciones de organismos como el BID y la OCDE para países de riesgo multiamenaza.
- Integrar la gobernanza anticipatoria en los Planes de Ordenamiento Territorial, con restricciones vinculantes para el desarrollo en zonas de amenaza alta, en lugar de dejarlas como recomendaciones no sancionadas.
- Crear fondos territoriales de preinversión para el riesgo, que financien estudios de amenaza, sistemas de monitoreo y ejercicios de simulacro con recursos propios de los municipios, sin depender exclusivamente de las transferencias nacionales.
- Institucionalizar los ciclos de aprendizaje posdesastre, de modo que cada evento genere un informe técnico público que alimente las decisiones del siguiente ciclo de planeación.
La gobernanza anticipatoria no es un lujo académico — es la diferencia entre enterrar a las víctimas de un deslizamiento que se anunció durante semanas y haberlas evacuado a tiempo.
El conocimiento técnico para anticipar muchos de los desastres que afectan al país ya existe; lo que aún falta es la arquitectura institucional que lo convierta en acción pública sistemática, oportuna y equitativa para todos los territorios, no solo para los que ya tienen la capacidad de hacerlo.
Fuentes
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Informe de capacidades municipales en gestión del riesgo, 2023
- CEPAL – Gestión del riesgo de desastres y desarrollo sostenible en América Latina, 2022
- UNGRD – Informe de seguimiento al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 2024
- Universidad Nacional de Colombia – Estudios sobre el sistema de monitoreo geotécnico de Manizales, Facultad de Ingeniería, 2021
- BID – Inversión en reducción del riesgo de desastres en América Latina: brechas y oportunidades, 2023