Las zonas costeras colombianas concentran más de cuatro millones de habitantes, albergan ecosistemas estratégicos como los manglares del Pacífico y el Caribe, y generan una porción significativa de la actividad turística y pesquera del país. Sin embargo, la gobernanza anticipatoria —entendida como la capacidad institucional de leer señales tempranas y tomar decisiones antes de que los problemas sean irreversibles— brilla por su ausencia en la mayoría de los municipios ribereños y costeros de Colombia.
Gobernanza anticipatoria: el desafío que el litoral colombiano no puede postergar
Según el IDEAM, el nivel del mar en el Caribe colombiano ha aumentado a una tasa de aproximadamente tres milímetros por año durante las últimas tres décadas, una cifra que, proyectada hacia 2050, implica riesgos concretos de inundación para comunidades enteras en La Guajira, el Archipiélago de San Andrés y el delta del río Magdalena.
La gobernanza anticipatoria no equivale simplemente a elaborar planes de gestión del riesgo: exige instituciones capaces de integrar datos climáticos, demográficos y económicos en ciclos continuos de decisión pública, mucho antes de que la emergencia dicte la agenda.
El problema es que la mayoría de los municipios costeros colombianos operan con capacidades institucionales débiles, presupuestos limitados y escasa articulación con entidades como el DIMAR, el INVEMAR o el propio Departamento Nacional de Planeación, que sí disponen de información técnica relevante pero no siempre logran que esa información se traduzca en decisiones locales oportunas.
Señales tempranas que la institucionalidad costera aún no está procesando
Tres señales merecen atención especial desde una perspectiva de gobernanza anticipatoria.
- Erosión costera acelerada: el INVEMAR ha documentado que más del 60 % de las playas colombianas presentan procesos erosivos activos, con casos críticos en Tumaco, Riohacha y Barranquilla.
- Desplazamiento silencioso de comunidades pesqueras: en el Pacífico, comunidades afrodescendientes han comenzado a migrar hacia centros urbanos como Buenaventura o Quibdó, no por violencia directa sino por la pérdida gradual de medios de vida vinculados al mar.
- Presión inmobiliaria y construcción en zonas de amenaza: el boom del turismo de naturaleza ha estimulado desarrollos constructivos en franjas costeras que los propios Planes de Ordenamiento Territorial identifican como zonas de riesgo no mitigable.
Estas tres señales no son independientes: se retroalimentan y, si no se leen de forma integrada, producen decisiones sectoriales que resuelven un problema mientras agravan otro.
Lo que la evidencia internacional sugiere para el caso colombiano
La experiencia de países como los Países Bajos —con su programa Delta Works revisado y actualizado permanentemente— o de ciudades como Cartagena de Indias, que participó en el proyecto Adaptation Fund para diseñar estrategias de adaptación costera, indica que la gobernanza anticipatoria requiere al menos tres condiciones estructurales: sistemas de información territorial actualizados en tiempo real, mecanismos de coordinación multinivel entre gobierno nacional, departamental y municipal, y participación genuina de las comunidades locales en la lectura e interpretación de las señales de cambio.
En Colombia, el DNP ha avanzado en algunos de estos elementos a través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA) y del Conpes 3990 sobre Colombia Inteligente, pero la conexión entre esos instrumentos nacionales y las capacidades reales de los municipios costeros sigue siendo frágil.
Una agenda de gobernanza anticipatoria para los territorios costeros
Desde una perspectiva de prospectiva territorial, es posible identificar al menos cuatro líneas de acción que no requieren grandes inversiones pero sí voluntad institucional sostenida.
- Crear observatorios costeros municipales articulados al INVEMAR, con mandato explícito de producir alertas tempranas para los consejos de gobierno locales.
- Incorporar escenarios de cambio climático costero en los procesos de revisión de Planes de Ordenamiento Territorial, especialmente en los municipios con mayor exposición a la erosión y la inundación.
- Diseñar incentivos fiscales diferenciados para municipios que adopten prácticas de gestión anticipatoria del riesgo costero, vinculados al Sistema General de Participaciones.
- Fortalecer los espacios de diálogo entre comunidades afrodescendientes e indígenas costeras y las autoridades ambientales regionales, reconociendo el conocimiento local como insumo legítimo para la toma de decisiones anticipatorias.
La gobernanza anticipatoria en los territorios costeros colombianos no es un lujo académico: es una condición de supervivencia institucional y comunitaria para las próximas décadas.
Fuentes
- IDEAM – Estudio Nacional del Agua y Cambio Climático Costero, 2022
- INVEMAR – Informe del Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros en Colombia, 2023
- DNP – Conpes 3990: Colombia Inteligente, 2020
- CEPAL – Adaptación al cambio climático en zonas costeras de América Latina y el Caribe, 2021
- BID – Gestión del riesgo costero y gobernanza local en Colombia: lecciones aprendidas, 2022