Los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) concentran algunas de las dinámicas socioeconómicas más complejas de Colombia, y son también el escenario donde la prospectiva estratégica tiene mayor potencial de impacto real. A casi una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la pregunta ya no es si el Estado debe llegar a estos territorios, sino con qué capacidad de anticipación lo hace y qué herramientas metodológicas tiene para evitar que las intervenciones lleguen tarde, fragmentadas o desconectadas de los cambios estructurales que esos territorios ya están experimentando.
Por qué la prospectiva estratégica es urgente en los PDET
Los 170 municipios PDET comparten condiciones de partida similares: alta dependencia de economías extractivas o de subsistencia, institucionalidad local débil, brechas profundas en acceso a servicios y presencia histórica de actores armados no estatales. Sin embargo, sus trayectorias de cambio son heterogéneas y aceleradas, lo que hace inviable gestionar su desarrollo solo con diagnósticos retrospectivos. La prospectiva estratégica ofrece precisamente lo que esos territorios necesitan: un marco metodológico para identificar señales débiles, construir escenarios plausibles y orientar decisiones bajo incertidumbre estructural. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha reconocido esta necesidad en documentos como el CONPES 3932 de 2018, pero la brecha entre el reconocimiento formal y la implementación sistemática sigue siendo amplia.
Señales débiles que los PDET ya están emitiendo
Un ejercicio riguroso de prospectiva estratégica en estos territorios comienza por leer señales que los sistemas convencionales de monitoreo no capturan. Entre las más relevantes para el período 2026-2030 se encuentran cuatro procesos simultáneos. Primero, la recomposición de las economías locales en municipios donde la sustitución de cultivos ilícitos ha avanzado pero los mercados alternativos aún no maduran, lo que genera ventanas de vulnerabilidad económica que pueden revertir los avances. Segundo, la aceleración de flujos migratorios internos desde zonas PDET hacia capitales intermedias como Montería, Florencia o Villavicencio, lo que redistribuye presión demográfica y debilita la base de capital humano local. Tercero, la emergencia de liderazgos juveniles rurales con acceso a conectividad digital que están redefiniendo las formas de participación comunitaria más rápido de lo que las instituciones los están incorporando. Y cuarto, la tensión entre los planes de acción territorial (PAT) formulados con participación comunitaria y las decisiones de inversión sectorial que llegan con lógicas distintas desde los ministerios, generando incoherencia entre lo planeado y lo ejecutado.
Metodologías aplicables al contexto territorial colombiano
La adaptación de metodologías prospectivas al contexto PDET requiere reconocer sus particularidades. El método Delphi, por ejemplo, debe ser rediseñado para incorporar saberes no académicos: líderes de Juntas de Acción Comunal, autoridades étnicas, excombatientes en proceso de reintegración y mujeres rurales organizadas son actores con conocimiento estratégico del territorio que raramente aparecen en los paneles de expertos convencionales. La construcción de escenarios mediante el análisis morfológico también es aplicable, pero debe reducir su complejidad técnica para ser utilizable por equipos municipales con capacidades institucionales limitadas. La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes han desarrollado experiencias metodológicas en territorios postconflicto que podrían escalarse con acompañamiento del DNP y de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). La CEPAL, por su parte, ha documentado experiencias latinoamericanas de planificación prospectiva en territorios de posconflicto en Guatemala y El Salvador que ofrecen lecciones transferibles, aunque con las debidas cautelas contextuales.
Gobernanza anticipatoria como condición de posibilidad
La prospectiva estratégica no opera en el vacío: requiere estructuras de gobernanza que sean capaces de incorporar sus hallazgos en decisiones reales. En los municipios PDET, esto implica al menos tres condiciones. La primera es fortalecer las capacidades de los equipos de planeación municipal para leer tendencias y no solo ejecutar presupuestos. La segunda es crear mecanismos de articulación entre los ejercicios prospectivos locales y los sistemas nacionales de seguimiento al Acuerdo de Paz, como el SIIPO. La tercera es institucionalizar espacios de deliberación anticipatoria donde la ciudadanía participe no solo en la ejecución sino en la construcción de futuros posibles. Sin estos tres elementos, la prospectiva estratégica corre el riesgo de convertirse en un ejercicio académico bien intencionado pero desconectado de la toma de decisiones que transforman territorios.
Una oportunidad que tiene fecha de vencimiento
El año 2030 marca el horizonte de varios compromisos internacionales clave para Colombia: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas del Acuerdo de Escazú en materia de participación ambiental y los plazos de la propia hoja de ruta PDET. Llegar a esa fecha sin haber activado mecanismos de anticipación territorial sería desperdiciar una ventana histórica que no se reabrirá fácilmente. La prospectiva estratégica no es un lujo tecnocrático, sino una condición de gobernanza mínima para que la paz territorial sea sostenible en el tiempo.
Fuentes
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) – CONPES 3932: Lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, 2018
- CEPAL – Planificación prospectiva y desarrollo territorial en contextos de posconflicto en América Latina, 2022
- Agencia de Renovación del Territorio (ART) – Informe de seguimiento a los Planes de Acción para la Transformación Regional PDET, 2025
- Universidad Nacional de Colombia – Prospectiva y territorios rurales: metodologías participativas para la planeación del desarrollo local, 2023
- ONU – Misión de Verificación en Colombia: Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, 2025